La política ambiental es la fijación de un conjunto armónico e interrelacionado de objetivos, que se orientan al mejoramiento del ambiente y al manejo adecuado de los recursos naturales. A estos objetivos se deben incorporar decisiones y acciones específicas destinadas al cumplimiento de los mismos, con el respaldo de normas, instituciones y procedimientos que permitan lograr la funcionalidad de dichas políticas.

En otras palabras es el conjunto de los esfuerzos políticos para conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sostenible.
Todos sabemos que no existe un acuerdo general sobre los principios de la política ambiental, sin embargo, hay algunas bases generalmente aceptadas:

• Los principios del desarrollo sostenible.
• El principio de responsabilidad.
• El principio de prevención, según el cual siempre es mejor prevenir que corregir.
• El principio de sustitución que exige remplazar sustancias peligrosas por substitutos menos contaminantes y procesos de alta intensidad energética por otros más eficientes siempre que estén disponibles.
• El principio de: "el que contamina paga" para los casos en los que no se puede prevenir el daño ambiental, siempre que sea posible identificar el causante.
• El principio de la coherencia que requiere la coordinación de la política ambiental con otros departamentos y la integración de cuestiones ambientales en otros campos (por ejemplo política de infraestructuras, política económica).
• Principio de la cooperación, según el que la integración de importantes grupos sociales en la definición de metas ambientales y su realización es indispensable.
• La política ambiental debe basarse siempre en los resultados de investigaciones científicas.

Muchas veces la falta de coordinación y de planificación de las acciones de los gobiernos han derivado en una total ineficacia de sus políticas, y han significado, en las cuestiones ambiente y de infraestructura, la necesidad de volver al principio, a cero. Por ejemplo, las muy pocas veces que se han establecido medidas anticontaminación de los cursos de agua, se acciona contra diversas empresas, pero no se tienen en cuenta los basureros a cielo abierto, que siempre se encuentran a la vera de los ríos, o se vierten líquidos cloacales sin tratamiento alguno, o simplemente se fugan efluentes con la complicidad de ciertos funcionarios que hacen la vista gorda. Las políticas ambientales, sobre todo aquellas dirigidas a frenar el daño que causa la contaminación deben ser a todo o nada, es decir que si se emprende una campaña no se pueden dejar fisuras o empezar por pequeñeces. No sirve llevar a los jardines de infantes a juntar papelitos, mientras se deja que una poderosa industria desvíe su efluente contaminante de la planta de tratamiento. No es eficiente hacer un llamado a la adhesión voluntaria a un plan de producción limpia, al que acudirán los que siempre colaboran, pues aquellos a quienes la producción limpia no les interesa seguirán contaminando libremente.

Es muy difícil elaborar, acordar y ejecutar una política ambiental alejada del disparate si no nos planteamos desmitificar la cuestión ambiental, poniéndola dentro de la sociedad y al servicio de los intereses de nuestra sociedad, dentro de la política (cosa pública) como ocurre con la educación y la seguridad.

Y esto implica poner a la investigación científica al servicio de los intereses nacionales, con la promoción del Estado y las universidades, y no al servicio de la currícula personal de los investigadores y promovidas exclusivamente por fuentes internacionales.

Es importante tener en cuenta que la elaboración de una política ambiental regional satisface importantes necesidades para todos los sectores de la vida local.

Ella demanda, que cada comunidad regional haga un balance ambiental sobre el proceso histórico de desarrollo regional. También exige elaborar un diagnóstico actualizado, definiendo cómo esa realidad ambiental es afectada hoy por su entorno económico, social, cultural, institucional, nacional e internacional. Cada región muestra una realidad ambiental específica, en sus recursos naturales y potencialidades, en la diversidad y magnitud de los problemas que debe enfrentar, en las capacidades y compromisos de sus instituciones y en la población, entre otras. Asimismo, la política obliga a cada comunidad regional a revisar sus desafíos futuros y priorizarlos, establecer plazos para su cumplimiento, definir los recursos necesarios y las responsabilidades que corresponden a cada sector como: público, privado, académico, gremios, organizaciones de base y de los ciudadanos en general, como también señalar aquellas tareas que requieren el concurso de diversos actores de la región.

Con esta información ideal en la mano, o en su defecto con el saber local disponible, se hará una convocatoria estatal (en forma asociada Nación y provincias) en cada provincia argentina, sobre un área limitada de las mismas (para que la iniciativa sea viable) a los fines de discutir con los productores y comunidades locales una estrategia sustentable para el desarrollo local y un proceso de transferencia de tecnología disponible en el país.

La idea es que si esa estrategia deviene en planeamiento con participación vinculante de productores y comunidades y logra resultados exitosos debería ser un punto de referencia para la réplica a nivel provincial.
Se trata de una estrategia de ordenamiento que va de lo particular a lo general en la ejecución y con una política centralizada en lo conceptual por ecoregión.

En el marco de esa estrategia no nos proponemos una guerra entre la soja y la ganadería, ni entre la agricultura y el bosque nativo, ni entre conservación y desarrollo, sino una concertación entre intereses que deben considerarse legítimos entre ellos, legitimados todos por la convocatoria del Estado, que es la única fuente de legitimación en nuestro orden constitucional.

Porque en esto tiene que haber un punto de convocatoria, un punto de encuentro, un punto de organización, un punto de autoridad, que no es una palabra que nos tenga que dar miedo. Un punto de autoridad que pueda ordenar a todos los factores, a todas las corporaciones, a todos los intereses que están en lucha. Lo que está faltando en Argentina es este punto de autoridad. Este punto de autoridad democrática es el Estado. Un Estado que no puede, ni debe transferir responsabilidades que le son propias.

Los intereses nacionales están relacionados a la capacidad de sostener la producción de alimentos conservando el suelo, las aguas y la biodiversidad terrestre y acuática; de aprovechar racionalmente nuestros recursos hídricos marinos y fluviales y de conservar los bosques nativos que entornan a los segundos y suelen ser sus cabeceras de cuencas; de recuperar los suelos en proceso de desertificación; de proteger los escenarios naturales que demanda el turismo nacional e internacional; de resolver el tratamiento y disposición de residuos urbanos y peligrosos; de dar claras señales de lucha contra la contaminación, focalizando la gestión y no la propaganda en la prioridad Matanza-Riachuelo; de preparar a la industria para la anulación o mitigación de impactos negativos y para implementar prácticas ambientalmente sustentables ante las crecientes barreras para-arancelarias que imponen los países desarrollados; de diversificar nuestra matriz energética con la generación de energías limpias.

Cada sociedad tiene una prioridad social, económica o política diferente. El grado de interés dependerá de la realidad que les toque vivir a cada una de ellas. Es cierto que la prioridad social de los argentinos hoy se relaciona más con sus necesidades básicas. ¿Pero no es una cuestión básica el tener en cuenta el cuidado de nuestro propio planeta?

El ambiente también necesita de políticas, iniciativas y programas que abarquen los desafíos que hoy enfrenta el país y el mundo. Pero en la Argentina pasa a ser un tema más dentro de una larga lista de promesas. Tal vez entonces sea hora de que todos los habitantes de la nación incluyamos el tema ambiental en nuestra agenda. www.ecoportal.com

* Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social – E-mail: cristianfrers@hotmail.com