Mientras el ex Ministro del Interior José Miguel Insulza asumía en la OEA, organizaciones del Pueblo Mapuche acusan al Estado chileno de Violar sus Derechos humanos ante dicho organismo. Uno de los objetivos de la denuncia es conseguir mediadas reparatorias a la honra del dirigente y poner fin a la aplicación de leyes antiterroristas.

Recientemente, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la organización de Estados Americanos – OEA, fue presentado el caso del dirigente Mapuche Víctor Ancalaf quien fuera condenado a cinco años y un día de cárcel como consecuencia del conflicto represa hidroeléctrica Ralco en los Altos del Bio Bio, esto a raíz de que en Chile se agotaron los recursos legales para su defensa, hecho que ocurre en momentos que el ex Ministro del interior chileno, José Miguel Insulza, asume como secretario general de dicho organismo.

El dirigente fue condenado por Tribunales chilenos a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y demás accesorias, debido a un proceso en su contra por acusaciones de haber perpetrado ataques incendiarios a camiones y una retroexcavadora que desarrollaban faenas en la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco de la transnacional Endesa los días 29 de septiembre de 2001 y 3 y 17 de marzo de 2002. Su denuncia fue presentada con un amplio apoyo mapuche representado por 71 dirigentes de diferentes organizaciones e identidades territoriales desde Santiago a Chiloé, quienes respaldaron su decisión de ingreso a la CIDH, fundamentando que los procesos adolecieron de vicios procesales y que además se le aplicó una legislación inadecuada, como la Ley 18.314 que determina conductas terroristas. Cabe mencionar, que la mayoría de los dirigentes que adhieren la denuncia, están vinculados a la Coordinación de organizaciones e identidades territoriales, instancia que en marzo, participó junto a otras organizaciones

Para las organizaciones, el caso de Ancalaf es emblemático ya que refleja la persecución de que es víctima el Pueblo Mapuche y sus dirigentes por parte del Estado chileno quien ha adoptado medidas de represión, judicialización y criminalización en contra de las demandas por Derechos, según argumentan.

El caso de Ancalaf, también es apoyado por equipos jurídicos de Derechos Humanos, tales como: El Centro de Estudios Jurídico Sociales y Documentación Indígena de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS; El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas; Codepu de Valdivia, entre otros, apoyando la denuncia, la que es catalogada como “grave violación a la convención Americana de Derechos Humano por parte del Estado de Chile a raíz de requerimiento, proceso judicial y posterior condena del dirigente mapuche Víctor Manuel Ancalaf Llaupe”.

Para Ancalaf, en conjunto con las organizaciones, la denuncia lo hacen en razón de que la legislación antiterrorista se ha venido aplicando reiteradamente en contra de personas mapuche, lo que configura una situación de amenaza permanente para todos los integrantes del pueblo mapuche.

Entre las peticiones hechas por las organizaciones ante la CIDH, comprende disponer de medidas amplias e integrales de reparación a favor de Víctor Ancalaf Llaupe, especialmente en lo relativo al desagravio de su nombre y restablecimiento su honor por haber sido condenado injustamente por los tribunales de justicia chilenos, y utilizándose una legislación improcedente y desproporcionada al hecho que motivó el proceso penal. Asimismo, se solicitó derogar todas las disposiciones de la actual legislación antiterrorista vigente en Chile, Ley 18.314, en relación a las demandas Mapuche, entre otras medidas solicitadas en contra del Estado chileno.

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28-05-2005 - Antecedentes del conflicto Represa Hidroeléctrica Ralco en territorio Mapuche Pewenche. leer más: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=145